La intervención de una importante entidad financiera, los cuestionamientos por el manejo de recursos públicos y un proceso de juicio político han desencadenado una crisis institucional que mantiene en incertidumbre el futuro del Gobierno paraguayo.
Paraguay atraviesa una crisis política y financiera después de que el presidente Santiago Peña presentara su renuncia en medio del escándalo provocado por la intervención de Ueno Bank. La decisión del mandatario se produjo mientras el Congreso avanzaba en un proceso de juicio político en su contra, relacionado con presuntas irregularidades financieras y posibles conflictos de intereses.
La crisis comenzó a profundizarse cuando el Banco Central del Paraguay inició, el 3 de noviembre de 2026, un procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que sus niveles de solvencia habían caído considerablemente por debajo de los mínimos legales.
La medida afectó a aproximadamente 2,9 millones de clientes, muchos de los cuales enfrentaron dificultades para acceder a sus ahorros y realizar operaciones bancarias. La situación también despertó preocupación por los millonarios recursos de instituciones públicas depositados en la entidad, incluidos fondos vinculados al sistema de seguridad social y jubilaciones.
Los vínculos empresariales que aumentaron la presión sobre Peña
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a las relaciones empresariales que Santiago Peña mantuvo anteriormente con el grupo económico vinculado a Ueno Bank.
El mandatario había tenido participación en una empresa relacionada con el conglomerado propietario del banco, vínculo que, según sus declaraciones, terminó en marzo de 2025.
Sin embargo, legisladores y sectores políticos comenzaron a cuestionar las decisiones adoptadas durante su administración respecto a la colocación de recursos públicos en la entidad financiera, así como la actuación de los organismos encargados de supervisar sus operaciones.
Estas circunstancias dieron lugar a señalamientos sobre posibles conflictos de intereses y eventuales responsabilidades en el manejo de fondos estatales.
Peña ha rechazado haber cometido irregularidades y ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones correspondientes.
La renuncia presidencial y el debate por el juicio político
En medio de las crecientes presiones, Santiago Peña anunció su decisión de renunciar a la Presidencia el 5 de noviembre de 2026, argumentando que buscaba contribuir a la estabilidad del país, preservar la paz social y proteger las instituciones democráticas.
Su anuncio se produjo después de que importantes dirigentes de su propio partido, la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado, le retiraran su respaldo político.
No obstante, la renuncia no detuvo las actuaciones parlamentarias.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación para someter al mandatario a juicio político. El procedimiento pasó a manos del Senado, encargado de evaluar las acusaciones y determinar si corresponde su destitución.
Paralelamente, surgió una controversia sobre la aceptación de su renuncia, debido a las diferencias jurídicas entre abandonar voluntariamente el cargo y ser destituido mediante juicio político.
Uno de los principales puntos de discusión es la posibilidad de que Peña acceda a la condición constitucional de senador vitalicio si su salida se produce por renuncia, situación que podría modificar las condiciones procesales de eventuales investigaciones judiciales.
La Fiscalía investiga posibles irregularidades
La crisis también llegó al ámbito judicial.
La Fiscalía paraguaya abrió investigaciones relacionadas con la gestión de Ueno Bank, las actuaciones de las autoridades supervisoras y el manejo de recursos públicos depositados en la institución.
Las indagaciones buscan establecer si existieron conductas contrarias a la ley y determinar las posibles responsabilidades de funcionarios públicos, directivos bancarios y otras personas involucradas.
El proceso ha derivado en imputaciones contra personas vinculadas con el banco. Sin embargo, las investigaciones continúan y las responsabilidades penales deberán establecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
Incertidumbre para los ciudadanos y el futuro político del país
Más allá de las disputas entre las fuerzas políticas, una de las principales preocupaciones de la población paraguaya es la recuperación de sus ahorros y la protección de los recursos públicos comprometidos en la crisis bancaria.
El Banco Central ha activado mecanismos de garantía de depósitos para facilitar la devolución de fondos a los clientes que cumplen las condiciones establecidas, aunque persisten interrogantes sobre la recuperación de cantidades superiores a los montos garantizados.
En el escenario político, la Constitución establece que el vicepresidente Pedro Alliana debe asumir la Presidencia cuando se formalice la salida del mandatario.
Mientras las instituciones competentes resuelven el proceso, Paraguay enfrenta el desafío de esclarecer las presuntas irregularidades, garantizar el funcionamiento de su sistema financiero y preservar la estabilidad institucional.
La crisis deja una pregunta de fondo: cómo garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y recuperar la confianza de una ciudadanía que exige respuestas sobre el destino de sus ahorros.